UN JUDICI ESPERPÈNTIC

Es diu sovint que la premsa és el quart poder. I segurament que és veritat. Però també sabem que ho és tant per bé com per mal. Tots sabem que una notícia es pot servir en safata de plata, però pot ser una gran mentida o una gran manipulació. 

Avui he trobat una entrevista feta per SATO DÍAZ al diari CUARTOPODER, que és un diari prou crític amb la realitat com perquè ens el llegim amb una certa atenció. Aquest diari ens servirà les notícies des d'una altra perspectiva i això sempre és bo i enriquidor. L'entrevista m'ha semblat prou interessant com per portar-la aquí, tot i ser una mica llarga. Us la deixo...

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  Sato Díaz, lunes, 11 de febrero de 2019

Hoy comienza en el Tribunal Supremo el macrojuicio contra los dirigentes políticos y sociales catalanes encarcelados por los hechos del otoño pasado, momento cumbre del proceso independentista. Un juicio de los más importantes de la historia española por sus repercusiones políticas, que será observado con lupa desde fuera y dentro del Estado español por una gran cantidad de periodistas de todo el mundo. Además, las sentencias que redacte el Supremo supondrán un nuevo punto de inflexión en el conflicto territorial con Catalunya, las consecuencias políticas de este juicio serán de gran relevancia para la recomposición de nuevos consensos, o la dificultad a los mismos, en el corto y medio plazo político. Hablamos, en cuartopoder.es, con una de las caras más visibles del entorno de los comunes en su relación con el soberanismo y con todo lo relacionado a los presos políticos catalanes.

Jaume Asens (Barcelona, 1972) es coportavoz de Barcelona En Comú en el Ayuntamiento de Barcelona y responsable municipal del Área de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Transparencia. Abogado de profesión, defensor de los derechos humanos, ha actuado como defensa de activistas y personalidades políticas y sociales en muchas ocasiones. Entre los casos más conocidos en los que ha participado se encuentra la acusación contra Luis Bárcenas en 2013 y las acusaciones en el caso Millet, caso Palau o Ciutat Vella. Políticamente, además de miembro destacado de Barcelona En Comú y Catalunya En Comú, fue uno de los impulsores del manifiesto “Mover ficha”, que dio lugar a la aparición de Podemos como candidatura a las elecciones europeas de 2014. 

— Òmnium Cultural tiene una campaña llamada “Juicio a la Democracia”. ¿Cree usted también que este juicio supone un juicio a la democracia española?

— Desenmascarar las derivas despóticas en el seno de un régimen democrático no es fácil. Decía Montesquieu que no existe peor tiranía que la ejercida bajo la ley con apariencia de justicia. También decía Platón que la peor forma de injusticia es la justicia simulada. Y este juicio es un esperpento tiránico con apariencia de justicia. Este juicio tiene poco que ver con la justicia. Por eso, el papel de los que somos juristas es clave para desenmascarar esa arbitrariedad disfrazada de derecho. El catedrático sevillano de derecho constitucional, Perez Royo, es uno de los más lúcidos en esa tarea. Él dice que el juicio no es un acto de justicia sino un ejercicio vengativo de persecución contra unos opositores políticos. Derecho Penal del Enemigo en estado puro. No se juzgan hechos sino ideas. Y se rompe esa idea que nos había vendido que en democracia cualquier idea es defendible por medios políticos y pacíficos.

Con el conflicto vasco, siempre se repetía esa letanía. Y ahora nos encontramos que se pide penas de prisión más altas para unos políticos pacifistas que para quien se ha integrado en una organización que comete asesinatos. Eso significa una banalización brutal de la distinción entre medios pacíficos y medios violentos. Las reglas del juego han volado por los aires. Están aplicando el mismo rodillo de la plantilla vasca a un conflicto armado protagonizado por una minoría que a un conflicto que tiene detrás a más del 80% de los catalanes y que gira alrededor de unas urnas. No es extraño que Casado diga impunemente que en Cataluña se sigue la agenda de ETA. Necesitan inventarse que ha existido violencia para aplicarles las mismas receptas de la política antiterrorista.

Ahora mismo la realidad política en España pivota a través de este proceso judicial. De hecho, como dice el periodista Enric Juliana, el Supremo se ha convertido en el principal guionista de la política española, marca sus ritmos. Incluso desde el propio Supremo se ha decidido quién debe ser president de la Generalitat y quién no.

— Parece cada vez más claro que no existe voluntad política por parte del Estado de resolución de este conflicto, estamos ante un caso evidente de judicialización de la política.

— El juicio no es más que una pieza de una estrategia represiva global de una derecha que se ha apropiado de la mayoría de resortes del poder para terminar con el independentismo. Para convertir una reivindicación democrática en una cuestión criminal. Como en otras ocasiones, España se muestra incapaz de abordar democráticamente un conflicto político. Su reacción violenta es la de un nacionalismo orgulloso y de raíz imperial que se siente herido. Nos muestra el lado más oscuro de un Estado que se quita las caretas en medio de un estado de opinión exaltada por la caverna mediática. Lo que está pasando no se ha visto nunca en Europa.

El mejor espejo de esa barbarie jurídica, de hecho, es la que proviene de Europa. Lo que viene, por ejemplo, de las invectivas del Consejo de Europa, de los relatores internacionales o del Comité de derechos humanos. En la mayoría de países europeos lo que pasó en Cataluña se interpretó como actos de naturaleza política que deberían de tolerarse en democracia desde el punto de vista penal. No todo lo que puede ser ilegal es delictivo. La realización de un referéndum puede ser contraria a derecho, pero no es un crimen. Es un acto político que, en la medida en que además puede ser invalidado, no genera ningún efecto. A la política hay que combatirla desde la política. Eso es lo que dice, por ejemplo, la sentencia del tribunal alemán. A Puigdemont lo detuvieron en Alemania pensando que allí, a diferencia de Bélgica, les darían la razón. Y el mazazo judicial fue espectacular. Tampoco hay que olvidar que los otros exiliados están en libertado en los otros tres países donde están. Si todos ellos estuvieran en España estarían en prisión. Esa es la mejor prueba de que se trata de una persecución política.

El frente internacional liderado por el abogado Gonzalo Boyé es un boquete gigante a la línea de flotación del juicio. Lo que en un lugar se percibe como hechos delictivos gravísimos contra el orden constitucional, con penas de hasta 40 años de cárcel, en el otro no pasan de ser simples hechos políticos sin relevancia penal. El otro boquete es el de la causa penal que se sigue en un juzgado de Barcelona donde desde el Ayuntamiento estamos ejerciendo la acusación contra los policías que cargaron contra ciudadanos indefensos. Allí donde el juez de Barcelona no ve violencia en los manifestantes sino en la policía, en el Supremo ven un conato de rebelión. Es el mundo al revés. El Supremo cree que los policías actuaron correctamente, sin uso excesivo de la fuerza, y son los dirigentes políticos los que deben ir a la cárcel acusados de sedición y organización armada.

En ese contexto, tiene sentido la campaña de Òmnium de la que hablábamos antes sobre el “Juicio a la Democracia”. Quieren que el acusado pase a ser acusador, y el acusador pasa a sentarse al banquillo de los acusados. Como el juicio es político hay que hacerle frente también con argumentos políticos. Los jueces y los fiscales han hecho de políticos exaltados. Por eso el debate tiene que ir a la raíz del problema: la violación de los derechos civiles y políticos de la mayoría de los catalanes.

— Desde algunos sectores del independentismo se asegura que “la sentencia ya está escrita”. ¿Comparte esta afirmación?

— No es solo una opinión de los independentistas. Son muchos en la derecha que actúan como si la condena ya estuviera dictada. En el PP y Ciudadanos hablan de prohibir los indultos o de en qué prisión deben cumplir la condena. Y ellos de todo eso saben de lo que hablan. No olvidemos que Cosidó afirmaba que controlan por detrás lo que sucede allí. No olvidemos que el ministro de Justicia del PP, Catalá, siempre anticipaba sin rubor el contenido de las resoluciones judiciales.

O sea que sí. Me gustaría equivocarme pero creo que la sentencia está escrita en términos generales. Habrá condena y será dura. “Más dura será la caída”, decía la Fiscalía. Ya sabemos lo que piensa la derecha política y mediática. También los fiscales o magistrados de su órbita. Ahora solo falta saber los detalles de la condena.

— Algunos juristas consideran que el Tribunal Supremo no es el competente para este juicio. ¿Lo comparte? ¿Por qué?

— Los hechos sucedieron en Catalunya. Es allí donde deberían juzgarse. En un Estado de derecho, el derecho a ser juzgado por el juez ordinario y predeterminado por ley es un pilar fundamental de un sistema de justicia con garantías. Y en este caso, somos muchos los juristas que creemos que se ha vulnerado ese derecho. El juicio debería celebrarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y no en el Supremo. Ese es uno de los aspectos de ilegitimidad del juicio. El otro derivado de este es que se priva a los acusados del derecho a recurrir la sentencia en segunda instancia ya que el Supremo es el último eslabón de la pirámide judicial.

Hasta que llegó el independentismo, estos hechos nunca habían sido competencia del Supremo o de la Audiencia Nacional. Los casos más famosos de sedición, como el de los controladores aéreos, se juzgaron siempre en audiencias provinciales. De hecho, el juez Garzón intentó investigar por rebelión los crímenes fruto del golpe franquista y se le dijo que eso no era competencia suya. ¿Por qué sucede eso ? Pues la respuesta ya la podemos encontrar en la querella inicial del fiscal Maza, la de “Más dura será la caída”. Allí ya se apuntaba lo que dijo hace poco el fiscal de la Audiencia Nacional, Pedro Rovira. La tesis es que los magistrados que trabajan en Catalunya están contaminados por el ambiente. No es un argumento nuevo.

Aunque en Catalunya no hay violencia, se utiliza el mismo argumento que en la lucha antiterrorista del País Vasco. El Supremo ya revocó, por ejemplo, la condena por torturas a Portu y Sarasola con la idea de la falta de imparcialidad de los jueces residentes allí. La idea era que los jueces que vivían allí se confundían porque vivían allí. Y veían torturas donde no había nada. Desde Madrid, en cambio, se veía lo correcto.  Ahora pasa lo mismo. Es muy cínico decir que en Madrid a los magistrados no les influye el clima de exaltación e intransigencia nacionalista. Estoy seguro que muchos de los magistrados del Supremo se levantan cada día leyendo el ABC o La Razón. Los tribunales centralizados son muy permeables al inquisitorial ambiente político y mediático que se respira en la capital del Estado. Si quieren jueces totalmente ajenos al conflicto, que miren a Europa. El ambiente del tribunal alemán o belga sí que no es el mismo que el de Madrid o Catalunya. Llarena, en una de sus resoluciones, se pone como parte agredida por lo sucedido. Esos magistrados como él sí son parte del conflicto, los europeos no.

— El Gobierno ha activado la diplomacia, para contrarrestar la imagen exterior que el juicio y el independentismo puedan dar durante estos meses. En este sentido, una de las expresiones que se intenta contrarrestar es el de presos políticos. ¿Son, los dirigentes sociales y políticos catalanes que han estado en prisión preventiva más de un año presos políticos? ¿Por qué?

— Lo de la campaña de Borrell, déjeme que le diga que creo que vulnera la directiva europea que obliga a los poderes públicos a no interferir el derecho a la presunción de inocencia de cualquier acusado.

Y sobre si son presos políticos, me parece claro. Lo explica muy bien el que fue el jefe de los fiscales en Cataluña, José María Mena. No hay duda que lo que les ha llevado a la prisión es su actividad política. Los partidos y medios del régimen dicen que no han sido enviados a prisión por sus ideas, sino por delitos previstos en el Código Penal. El enfoque puramente legal, no obstante, hace aguas. Desde esa óptica, no hay presos políticos en ninguna parte. O si se reconocen, son los de otros países u otros tiempos.

No existe ningún estado que reconozca tener presos políticos. Siempre hay un artículo del Código Penal que avala su persecución. Hasta en Corea del Norte se apela a la ley para encarcelar a los disidentes. Ni siquiera se le concedió esa condición al más célebre de los presos políticos, Nelson Mandela. El gobierno sudafricano lo encarceló por un delito parecido al de los presos políticos catalanes. Mahatma Ghandi no tuvo tampoco tal reconocimiento. Las autoridades británicas coloniales lo condenaron por sedición. Un cambio de criterio en ese aspecto solo se produce si previamente hay una ruptura con el régimen dominante. Los presos antifranquistas, por ejemplo, tuvieron que esperar al fin del franquismo para que eso sucediera. En la Ley de Amnistía de 1977 se amnistiaban precisamente los actos de intencionalidad política. Los disidentes antifranquistas fueron, de hecho, juzgados también por rebelión y sedición por el régimen de los golpistas del 1936. En la propia Ley de Amnistía se hacía referencia a esos delitos como actos políticos susceptibles de ser amnistiados. La invocación de esos delitos suele ser un recurso habitual para perseguir a los opositores.

¿Quiénes son, entonces, los “presos políticos”? No existe una definición universal aceptada y, por ello, el asunto suele ser motivo de todo tipo de disputas. Normalmente, se considera como tal quien ha resultado arrestado por sus actividades políticas, especialmente si son críticas o muestran oposición a un Gobierno. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa fijó, en el 2012, algunos criterios. Consideraba que lo eran cuando, por ejemplo, existía motivación política en sus actos o en la voluntad de las autoridades para encarcelarlo. También cuando el proceso judicial era claramente injusto y con un contenido político significativo.

Sea como sea, el debate de fondo es fundamentalmente político. Tiene que ver con la opinión que se tenga del preso y del régimen que lo encarcela. Buena prueba de ello es la diferente vara de medir que utilizan unos y otros en función de quien sea quien. Los que suelen caracterizar a los independentistas como peligrosos golpistas no dudan luego en otorgan la categoría de presos políticos a opositores venezolanos como Leopoldo López o considerar un acto democrático el reciente golpe de estado de la oposición. Y ello, a pesar de los métodos defendidos por unos y otros. Mientras los primeros apelan a la desobediencia civil pacífica, los segundos llamaban a derrocar al presidente a través también de métodos no pacíficos que han terminado en ocasiones con decenas de muertos.

Otro ejemplo sintomático de esa disparidad de trato la vimos con los activistas del 15-M que rodearon el Parlament en el 2011. No pocos de los que exigen ahora la libertad de sus compañeros presos reclamaban entonces tratar a los disidentes como sediciosos. Merecían, según ellos, ir a la Audiencia Nacional para ser condenados a más de cinco años de cárcel. Uno de los gestos de mayor dignidad ha sido, precisamente, ver esos mismos represaliados saliendo a defender la libertad de quienes les querían meter entre rejas a ellos.

— La plataforma International Trial Watch pretende llevar observadores internacionales al juicio, pero el Supremo parece que no les facilitará espacio dentro de la sala. ¿Qué opina?

— Que es un error. Vamos a ver un juicio bajo la batuta de VOX donde no se deja entrar a observar el juicio a premios nobeles de la paz o ex relatores de la ONU. El Supremo va a hacer esfuerzos en dar la apariencia de imparcialidad para contrarrestar la imagen pública que tiene ahora y poder golpear luego con más dureza. Pero es muy mal  inicio empezar vetando a los observadores. Es poco inteligente.

— Rebelión, sedición. ¿Por qué defiende que estos delitos no tienen cabida teniendo en cuenta los hechos del otoño del año pasado?

— No es que lo defienda yo es que es lo que dice la mayoría de catedráticos de Derecho Penal de España en un manifiesto. Ni rebelión ni sedición, dicen. También lo dicen prestigiosos ex magistrados del Supremo como Xavier O’Callaghan, Martín Pallín o Joaquín Giménez. Y es lo que piensan también los jueces en Bélgica, Alemania, Escocia o Suiza. En un estado de derecho es delito lo que está así regulado en el Código Penal. Y cuando se define la sedición se exige un alzamiento público y tumultuario. Ni lo de la concentración del 27 de septiembre ni lo del 1-O son eso. Decir lo contrario es cargarse el derecho de protesta y, por tanto, la democracia. Desde esa perspectiva, lo de la PAH podría ser interpretado también como sedición.

El momento más perverso de su relato fantasioso es cuando responsabiliza a los acusados de la violencia policial del 1-O.  O cuando equipara que haya violencia con que pueda haberla. Eso es tanto como legalizar el pre-crimen: juzgar a alguien no por lo que ha hecho sino por lo que pudo haber hecho y no hizo. También es un insulto a la inteligencia cómo interpretan el episodio de los Jordis encima del coche. Lo que hicieron era ayudar a que la manifestación no se fuera de las manos. Pedían a la gente que se fuera a casa.

Sobre la rebelión, cuando el Código Penal la define está pensando en los dos golpes militares del último siglo, el del 1936 y el 23-F. El Supremo, para esquivar la norma, hace un relato retorcido, artificioso, con el que equipara una insurrección armada como la de Tejero con las protestas pacíficas y sin armas de los independentistas. Para sostener el artificio, necesitan hacer una redefinición distorsionada del concepto de violencia para construir un escenario de violencia sin violencia. Les importa poco que para ello tenga que contradecir las previsiones de la ley y lo que había dicho de forma repetida en el pasado. No creo que ni ellos se crean ese relato, pero lo necesitan para el objetivo que buscaban con esa incriminación: quitarles el acta de diputados y dejarles fuera de juego. Eso explica, por ejemplo, que la Audiencia Nacional, donde se juzga sólo a la cúpula policial, no tenga necesidad de recurrir a la acusación de rebelión. La jueza Lamela afirma categóricamente en el procesamiento que no hubo la violencia de la rebelión en los acontecimientos de septiembre y del 1-O.

No podemos olvidar que Marchena ya había hecho algo parecido cunado fue ponente de la sentencia sobre los indignados del 15-M que rodearon el Parlament en protesta por los recortes sociales de Mas. Entonces ya se asoció la presión ambiental que allí se vivió con la violencia. La Audiencia Nacional  les absolvió. A excepción de un caso, los magistrados consideraban que no existían pruebas de participación en los altercados contra aquellos que estaban sentados en el banquillo. Eso generó mucha indignación en los propios miembros de la clase política afectada por unos hechos. A mí no se me olvida que muchos de ellos hicieron lo posible para que los hechos fueran juzgados en la Audiencia Nacional, y no en los juzgados Barcelona. Y que les pedían hasta 6 años de prisión.

Lejos de la socorrida apelación al respeto por las decisiones judiciales, CIU, PP, PSC y Ciudadanos salieron en tromba a rechazar la absolución y exigieron al Parlament recurrir el fallo ante el Supremo. Tampoco se me olvida que ERC se abstuvo e IC-EUiA junto a la CUP se opusieron. La ofensiva unió, también, a buena parte de las cabeceras de la prensa madrileña y catalana. Finalmente, Marchena tumbó la sentencia y consideró que la simple presencia de los manifestantes en el lugar de los hechos ya era suficiente para condenarles. No hacía falta que hubieran hecho ningún acto concreto de violencia. Entonces, esa decisión fue aplaudida por muchos de los que ahora se indignan cuando el Supremo utiliza un argumento parecido pero esta vez contra sus compañeros de partido. Y es que mucha gente de la ex CIU o ERC se creen que los abusos empiezan ahora con la persecución de los independentistas. Esto viene de lejos. Algunos llevamos toda la vida luchando contra ellos. También cuando los protagonizaban sus gobiernos.

Tampoco se me olvida que cuando llevamos la petición de indulto al Pleno del Ayuntamiento para que los jóvenes del 15-M no entraran a la cárcel, CIU se opuso. Todo eso que he vivido no me lleva para nada al resentimiento. Ni me impide sentir la injusticia que están viviendo ahora ellos en carne propia. Una injustica es una injusticia. Y hay que solidarizarse con quien la sufre aunque sea un adversario que no ha hecho lo propio con los tuyos. De hecho, ahora me siento emocionalmente muy vinculados tanto a ellos como a sus familiares.

— ¿Cómo valora que la figura de la acusación popular la ostente un partido político, el ultraderechista Vox?

— Me recuerda a cuando fue Falange quien logró sentar al juez Garzón en el banquillo de acusados por intentar investigar los crímenes del franquismo. El acusado logró girar la tortilla y sentar al acusador en el banquillo. Ahora, la presencia de un partido postfranquista, machista y xenófobo como Vox ejerciendo la acusación con fines electorales es una imagen que nos vuelve a retorcer el estómago.

Es indignante que utilice el juicio como su plató televisivo para hacerse autobombo. Y lo más grave es que el Supremo va de la mano de los ultras. Si no fuera por Vox, el exconsejero Forn estaría ya en libertad. Lo de Vox es una de las cosas que les cuesta más entender en Europa y las defensas lo van a utilizar en su campaña de internacionalización del conflicto.

— Si la sentencia es condenatoria, ¿cómo puede afectar a la situación política y al conflicto territorial?

— Tras la imagen de centenares de heridos que tan solo querían poner una papeleta en una urna, creo que entramos en la dimensión desconocida. Cuando un Estado democrático no confía en resolver los conflictos con métodos democráticos, se abren todas las cajas de pandora. Vivimos un estado de excepción encubierto que empezó incluso antes de allí.

Creo que todo empieza con la imposición del Estatut del PP contra la voluntad de los catalanes. Y frente lo que se había pactado en el Congreso o en el Parlament. Allí es donde se produjo lo que Pérez Royo caracterizó como una suerte de golpe de Estado. El pacto constitucional se lo cargaron ellos de forma unilateral. El Tribunal Constitucional le dio al PP la llave de la Constitución territorial como si fuera su propiedad privada. Desde entonces, se apropiaron de la Constitución aquellos que al inicio estuvieron en contra de ella. El independentismo es una respuesta a todo eso. Con el PP en el poder, se convierte en Catalunya en la fuerza hegemónica. La aplicación del 155 del PP, Ciudadanos y PSOE volvió a poner encima de la mesa que el derecho penal es la auténtica constitución para Catalunya. Y desde entonces ha sido imposible volver a hacer política.

Los poderes del Estado en manos de la derecha están desbocados. En España ahora mismo no se puede hablar de nada más que de lo que la derecha considera debe hablarse. Y un PSOE que ha olvidado su tradición republicana y antifranquista se ve arrastrado a ese marco. Por el contrario, las fuerzas del cambio no disponemos de suficiente músculo para desbloquear la situación con una alternativa democrática. Pueden pasar años hasta que tengamos la oportunidad de empezar a desmontar todo el andamiaje de excepcionalidad que la derecha ha levantado para cercar la democracia y el ejercicio del derecho a la autonomía.

— El domingo vimos una manifestación multitudinaria en Madrid por la unidad de España. No fue tan masiva como se esperaba, pero refleja un ambiente en el Estado de confrontación contra el independentismo.

— Es evidente que el conflicto ha servido para cerrar filas en España. No había pasado nada parecido desde épocas muy oscuras. Hay un retroceso en el espíritu del tiempo, en el ambiente democrático a raíz de lo de Catalunya, pero también en el resto del Estado. Se vio cuando se aplicó el 155, se ha visto con los delitos de odio, con el secuestro de libros, el veto a obras de arte o las condenas a raperos por sus letras. Hay una regresión que tiene que ver con lo que está pasando en Catalunya, pero allí se están aplicando medidas de excepción que luego se desplazan a otros fenómenos. La concepción que se está imponiendo, por ejemplo con lo de la sedición, amenaza el derecho de protesta en todo el Estado.

Lo que está en juego es la democracia en todo el Estado y no sólo en Catalunya. Contemplada con la gravedad que los hechos se merecen, la persecución política que estamos viviendo desatan los fantasmas evocados por la vieja advertencia de Niemöller. Primero les tocó a unos, luego a los otros, y más adelante a mí, pero ya era tarde. Ojalá la advertencia llegue también a los que miran hacia otro lado y piensan que esto es sólo un problema de los independentistas.

No hay que olvidar que, en España, los regímenes democráticos han sido breves paréntesis o anomalías. Hay valores de la democracia que tienen un arraigo débil, sobre todo cuando la cuestión nacional está en juego. A la derecha le ha costado mucho asumir un marco de libertades y de pluralidad. Por eso, Gil de Biedma decía que de todas las historias de la Historia, sin duda la más triste es la de España. Pues eso.