Es diu sovint que la
premsa és el quart poder. I segurament que és veritat. Però també sabem que ho és tant per bé com per mal. Tots sabem que una notícia es pot servir en safata de plata, però pot ser una gran mentida o una gran manipulació.
Avui he trobat una entrevista feta per SATO DÍAZ al diari CUARTOPODER, que és un diari prou crític amb la realitat com perquè ens el llegim amb una certa atenció. Aquest diari ens servirà les notícies des d'una altra perspectiva i això sempre és bo i enriquidor. L'entrevista m'ha semblat prou interessant com per portar-la aquí, tot i ser una mica llarga. Us la deixo...
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Hoy
comienza en el Tribunal Supremo el macrojuicio contra los dirigentes
políticos y sociales catalanes encarcelados por los hechos del otoño
pasado, momento cumbre del proceso independentista. Un juicio de los
más importantes de la historia española por sus repercusiones
políticas, que será observado con lupa desde fuera y dentro del
Estado español por una gran cantidad de periodistas de todo el
mundo. Además, las sentencias que redacte el Supremo supondrán un
nuevo punto de inflexión en el conflicto territorial con Catalunya,
las consecuencias políticas de este juicio serán de gran relevancia
para la recomposición de nuevos consensos, o la dificultad a los
mismos, en el corto y medio plazo político. Hablamos,
en cuartopoder.es,
con una de las caras más visibles del entorno de los comunes en su
relación con el soberanismo y con todo lo relacionado a los presos
políticos catalanes.
Jaume
Asens (Barcelona, 1972) es coportavoz de Barcelona En Comú en
el Ayuntamiento de Barcelona y responsable municipal del Área de
Derechos de la Ciudadanía, Participación y Transparencia.
Abogado de profesión, defensor de los derechos humanos, ha actuado
como defensa de activistas y personalidades políticas y sociales en
muchas ocasiones. Entre los casos más conocidos en los que ha
participado se encuentra la acusación contra Luis
Bárcenas en
2013 y las acusaciones en el caso Millet, caso
Palau o Ciutat Vella. Políticamente, además de miembro
destacado de Barcelona En Comú y Catalunya En Comú, fue uno de los
impulsores del manifiesto “Mover ficha”, que dio lugar a la
aparición de Podemos como candidatura a las elecciones europeas de
2014.
— Òmnium
Cultural tiene una campaña llamada “Juicio a la Democracia”.
¿Cree usted también que este juicio supone un juicio a la
democracia española?
— Desenmascarar
las derivas despóticas en el seno de un régimen democrático no es
fácil. Decía Montesquieu que no existe peor tiranía que la
ejercida bajo la ley con apariencia de justicia. También decía
Platón que la peor forma de injusticia es la justicia simulada. Y
este juicio es un esperpento tiránico con apariencia de justicia.
Este juicio tiene poco que ver con la justicia. Por eso, el papel de
los que somos juristas es clave para desenmascarar esa arbitrariedad
disfrazada de derecho. El catedrático sevillano de derecho
constitucional, Perez Royo, es uno de los más lúcidos en esa tarea.
Él dice que el juicio no es un acto de justicia sino un ejercicio
vengativo de persecución contra unos opositores políticos. Derecho
Penal del Enemigo en estado puro. No se juzgan hechos sino ideas. Y
se rompe esa idea que nos había vendido que en democracia cualquier
idea es defendible por medios políticos y pacíficos.
Con
el conflicto vasco, siempre se repetía esa letanía. Y ahora nos
encontramos que se pide penas de prisión más altas para unos
políticos pacifistas que para quien se ha integrado en una
organización que comete asesinatos. Eso significa una banalización
brutal de la distinción entre medios pacíficos y medios violentos.
Las reglas del juego han volado por los aires. Están aplicando el
mismo rodillo de la plantilla vasca a un conflicto armado
protagonizado por una minoría que a un conflicto que tiene detrás a
más del 80% de los catalanes y que gira alrededor de unas urnas. No
es extraño que Casado diga impunemente que en Cataluña se sigue la
agenda de ETA. Necesitan inventarse que ha existido violencia para
aplicarles las mismas receptas de la política antiterrorista.
Ahora
mismo la realidad política en España pivota a través de este
proceso judicial. De hecho, como dice el periodista Enric Juliana, el
Supremo se ha convertido en el principal guionista de la política
española, marca sus ritmos. Incluso desde el propio Supremo se ha
decidido quién debe ser president de la Generalitat y quién no.
— Parece
cada vez más claro que no existe voluntad política por parte del
Estado de resolución de este conflicto, estamos ante un caso
evidente de judicialización de la política.
— El
juicio no es más que una pieza de una estrategia represiva global de
una derecha que se ha apropiado de la mayoría de resortes del poder
para terminar con el independentismo. Para convertir una
reivindicación democrática en una cuestión criminal. Como en otras
ocasiones, España se muestra incapaz de abordar democráticamente un
conflicto político. Su reacción violenta es la de un nacionalismo
orgulloso y de raíz imperial que se siente herido. Nos muestra el
lado más oscuro de un Estado que se quita las caretas en medio de un
estado de opinión exaltada por la caverna mediática. Lo que está
pasando no se ha visto nunca en Europa.
El
mejor espejo de esa barbarie jurídica, de hecho, es la que proviene
de Europa. Lo que viene, por ejemplo, de las invectivas del Consejo
de Europa, de los relatores internacionales o del Comité de derechos
humanos. En la mayoría de países europeos lo que pasó en Cataluña
se interpretó como actos de naturaleza política que deberían de
tolerarse en democracia desde el punto de vista penal. No todo lo que
puede ser ilegal es delictivo. La realización de un referéndum
puede ser contraria a derecho, pero no es un crimen. Es un acto
político que, en la medida en que además puede ser invalidado, no
genera ningún efecto. A la política hay que combatirla desde la
política. Eso es lo que dice, por ejemplo, la sentencia del tribunal
alemán. A Puigdemont lo detuvieron en Alemania pensando que allí, a
diferencia de Bélgica, les darían la razón. Y el mazazo judicial
fue espectacular. Tampoco hay que olvidar que los otros exiliados
están en libertado en los otros tres países donde están. Si todos
ellos estuvieran en España estarían en prisión. Esa es la mejor
prueba de que se trata de una persecución política.
El
frente internacional liderado por el abogado Gonzalo Boyé es un
boquete gigante a la línea de flotación del juicio. Lo que en un
lugar se percibe como hechos delictivos gravísimos contra el orden
constitucional, con penas de hasta 40 años de cárcel, en el otro no
pasan de ser simples hechos políticos sin relevancia penal. El otro
boquete es el de la causa penal que se sigue en un juzgado de
Barcelona donde desde el Ayuntamiento estamos ejerciendo la acusación
contra los policías que cargaron contra ciudadanos indefensos. Allí
donde el juez de Barcelona no ve violencia en los manifestantes sino
en la policía, en el Supremo ven un conato de rebelión. Es el mundo
al revés. El Supremo cree que los policías actuaron correctamente,
sin uso excesivo de la fuerza, y son los dirigentes políticos los
que deben ir a la cárcel acusados de sedición y organización
armada.
En
ese contexto, tiene sentido la campaña de Òmnium de la que
hablábamos antes sobre el “Juicio a la Democracia”. Quieren que
el acusado pase a ser acusador, y el acusador pasa a sentarse al
banquillo de los acusados. Como el juicio es político hay que
hacerle frente también con argumentos políticos. Los jueces y los
fiscales han hecho de políticos exaltados. Por eso el debate tiene
que ir a la raíz del problema: la violación de los derechos civiles
y políticos de la mayoría de los catalanes.
— Desde
algunos sectores del independentismo se asegura que “la sentencia
ya está escrita”. ¿Comparte esta afirmación?
— No
es solo una opinión de los independentistas. Son muchos en la
derecha que actúan como si la condena ya estuviera dictada. En el PP
y Ciudadanos hablan de prohibir los indultos o de en qué prisión
deben cumplir la condena. Y ellos de todo eso saben de lo que hablan.
No olvidemos que Cosidó afirmaba que controlan por detrás lo que
sucede allí. No olvidemos que el ministro de Justicia del PP,
Catalá, siempre anticipaba sin rubor el contenido de las
resoluciones judiciales.
O
sea que sí. Me gustaría equivocarme pero creo que la sentencia está
escrita en términos generales. Habrá condena y será dura. “Más
dura será la caída”, decía la Fiscalía. Ya sabemos lo que
piensa la derecha política y mediática. También los fiscales o
magistrados de su órbita. Ahora solo falta saber los detalles de la
condena.
— Algunos
juristas consideran que el Tribunal Supremo no es el competente para
este juicio. ¿Lo comparte? ¿Por qué?
— Los
hechos sucedieron en Catalunya. Es allí donde deberían juzgarse. En
un Estado de derecho, el derecho a ser juzgado por el juez ordinario
y predeterminado por ley es un pilar fundamental de un sistema de
justicia con garantías. Y en este caso, somos muchos los juristas
que creemos que se ha vulnerado ese derecho. El juicio debería
celebrarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y no en
el Supremo. Ese es uno de los aspectos de ilegitimidad del juicio. El
otro derivado de este es que se priva a los acusados del derecho a
recurrir la sentencia en segunda instancia ya que el Supremo es el
último eslabón de la pirámide judicial.
Hasta
que llegó el independentismo, estos hechos nunca habían sido
competencia del Supremo o de la Audiencia Nacional. Los casos más
famosos de sedición, como el de los controladores aéreos, se
juzgaron siempre en audiencias provinciales. De hecho, el juez Garzón
intentó investigar por rebelión los crímenes fruto del golpe
franquista y se le dijo que eso no era competencia suya. ¿Por qué
sucede eso ? Pues la respuesta ya la podemos encontrar en la querella
inicial del fiscal Maza, la de “Más dura será la caída”. Allí
ya se apuntaba lo que dijo hace poco el fiscal de la Audiencia
Nacional, Pedro Rovira. La tesis es que los magistrados que trabajan
en Catalunya están contaminados por el ambiente. No es un argumento
nuevo.
Aunque
en Catalunya no hay violencia, se utiliza el mismo argumento que en
la lucha antiterrorista del País Vasco. El Supremo ya revocó, por
ejemplo, la condena por torturas a Portu y Sarasola con la idea de la
falta de imparcialidad de los jueces residentes allí. La idea era
que los jueces que vivían allí se confundían porque vivían allí.
Y veían torturas donde no había nada. Desde Madrid, en cambio, se
veía lo correcto. Ahora pasa lo mismo. Es muy cínico decir
que en Madrid a los magistrados no les influye el clima de exaltación
e intransigencia nacionalista. Estoy seguro que muchos de los
magistrados del Supremo se levantan cada día leyendo el ABC o La
Razón.
Los tribunales centralizados son muy permeables al inquisitorial
ambiente político y mediático que se respira en la capital del
Estado. Si quieren jueces totalmente ajenos al conflicto, que miren a
Europa. El ambiente del tribunal alemán o belga sí que no es el
mismo que el de Madrid o Catalunya. Llarena, en una de sus
resoluciones, se pone como parte agredida por lo sucedido. Esos
magistrados como él sí son parte del conflicto, los europeos no.
— El
Gobierno ha activado la diplomacia, para contrarrestar la imagen
exterior que el juicio y el independentismo puedan dar durante estos
meses. En este sentido, una de las expresiones que se intenta
contrarrestar es el de presos políticos. ¿Son, los dirigentes
sociales y políticos catalanes que han estado en prisión preventiva
más de un año presos políticos? ¿Por qué?
— Lo
de la campaña de Borrell, déjeme que le diga que creo que vulnera
la directiva europea que obliga a los poderes públicos a no
interferir el derecho a la presunción de inocencia de cualquier
acusado.
Y
sobre si son presos políticos, me parece claro. Lo explica muy bien
el que fue el jefe de los fiscales en Cataluña, José María Mena.
No hay duda que lo que les ha llevado a la prisión es su actividad
política. Los partidos y medios del régimen dicen que no han sido
enviados a prisión por sus ideas, sino por delitos previstos en el
Código Penal. El enfoque puramente legal, no obstante, hace aguas.
Desde esa óptica, no hay presos políticos en ninguna parte. O si se
reconocen, son los de otros países u otros tiempos.
No
existe ningún estado que reconozca tener presos políticos. Siempre
hay un artículo del Código Penal que avala su persecución. Hasta
en Corea del Norte se apela a la ley para encarcelar a los
disidentes. Ni siquiera se le concedió esa condición al más
célebre de los presos políticos, Nelson Mandela. El gobierno
sudafricano lo encarceló por un delito parecido al de los presos
políticos catalanes. Mahatma Ghandi no tuvo tampoco tal
reconocimiento. Las autoridades británicas coloniales lo condenaron
por sedición. Un cambio de criterio en ese aspecto solo se produce
si previamente hay una ruptura con el régimen dominante. Los presos
antifranquistas, por ejemplo, tuvieron que esperar al fin del
franquismo para que eso sucediera. En la Ley de Amnistía de 1977 se
amnistiaban precisamente los actos de intencionalidad política. Los
disidentes antifranquistas fueron, de hecho, juzgados también por
rebelión y sedición por el régimen de los golpistas del 1936. En
la propia Ley de Amnistía se hacía referencia a esos delitos como
actos políticos susceptibles de ser amnistiados. La invocación de
esos delitos suele ser un recurso habitual para perseguir a los
opositores.
¿Quiénes
son, entonces, los “presos políticos”? No existe una definición
universal aceptada y, por ello, el asunto suele ser motivo de todo
tipo de disputas. Normalmente, se considera como tal quien ha
resultado arrestado por sus actividades políticas, especialmente si
son críticas o muestran oposición a un Gobierno. La Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa fijó, en el 2012, algunos
criterios. Consideraba que lo eran cuando, por ejemplo, existía
motivación política en sus actos o en la voluntad de las
autoridades para encarcelarlo. También cuando el proceso judicial
era claramente injusto y con un contenido político significativo.
Sea
como sea, el debate de fondo es fundamentalmente político. Tiene que
ver con la opinión que se tenga del preso y del régimen que lo
encarcela. Buena prueba de ello es la diferente vara de medir que
utilizan unos y otros en función de quien sea quien. Los que suelen
caracterizar a los independentistas como peligrosos golpistas no
dudan luego en otorgan la categoría de presos políticos a
opositores venezolanos como Leopoldo López o considerar un acto
democrático el reciente golpe de estado de la oposición. Y ello, a
pesar de los métodos defendidos por unos y otros. Mientras los
primeros apelan a la desobediencia civil pacífica, los segundos
llamaban a derrocar al presidente a través también de métodos no
pacíficos que han terminado en ocasiones con decenas de muertos.
Otro
ejemplo sintomático de esa disparidad de trato la vimos con los
activistas del 15-M que rodearon el Parlament en el 2011. No pocos de
los que exigen ahora la libertad de sus compañeros presos reclamaban
entonces tratar a los disidentes como sediciosos. Merecían, según
ellos, ir a la Audiencia Nacional para ser condenados a más de cinco
años de cárcel. Uno de los gestos de mayor dignidad ha sido,
precisamente, ver esos mismos represaliados saliendo a defender la
libertad de quienes les querían meter entre rejas a ellos.
— La
plataforma International Trial Watch pretende llevar observadores
internacionales al juicio, pero el Supremo parece que no les
facilitará espacio dentro de la sala. ¿Qué opina?
— Que
es un error. Vamos a ver un juicio bajo la batuta de VOX donde no se
deja entrar a observar el juicio a premios nobeles de la paz o ex
relatores de la ONU. El Supremo va a hacer esfuerzos en dar la
apariencia de imparcialidad para contrarrestar la imagen pública que
tiene ahora y poder golpear luego con más dureza. Pero es muy mal
inicio empezar vetando a los observadores. Es poco inteligente.
— Rebelión,
sedición. ¿Por qué defiende que estos delitos no tienen cabida
teniendo en cuenta los hechos del otoño del año pasado?
— No
es que lo defienda yo es que es lo que dice la mayoría de
catedráticos de Derecho Penal de España en un manifiesto. Ni
rebelión ni sedición, dicen. También lo dicen prestigiosos ex
magistrados del Supremo como Xavier O’Callaghan, Martín Pallín o
Joaquín Giménez. Y es lo que piensan también los jueces en
Bélgica, Alemania, Escocia o Suiza. En un estado de derecho es
delito lo que está así regulado en el Código Penal. Y cuando se
define la sedición se exige un alzamiento público y tumultuario. Ni
lo de la concentración del 27 de septiembre ni lo del 1-O son eso.
Decir lo contrario es cargarse el derecho de protesta y, por tanto,
la democracia. Desde esa perspectiva, lo de la PAH podría ser
interpretado también como sedición.
El
momento más perverso de su relato fantasioso es cuando
responsabiliza a los acusados de la violencia policial del 1-O.
O cuando equipara que haya violencia con que pueda haberla. Eso es
tanto como legalizar el pre-crimen: juzgar a alguien no por lo que ha
hecho sino por lo que pudo haber hecho y no hizo. También es un
insulto a la inteligencia cómo interpretan el episodio de los Jordis
encima del coche. Lo que hicieron era ayudar a que la manifestación
no se fuera de las manos. Pedían a la gente que se fuera a casa.
Sobre
la rebelión, cuando el Código Penal la define está pensando en los
dos golpes militares del último siglo, el del 1936 y el 23-F. El
Supremo, para esquivar la norma, hace un relato retorcido,
artificioso, con el que equipara una insurrección armada como la de
Tejero con las protestas pacíficas y sin armas de los
independentistas. Para sostener el artificio, necesitan hacer una
redefinición distorsionada del concepto de violencia para construir
un escenario de violencia sin violencia. Les importa poco que para
ello tenga que contradecir las previsiones de la ley y lo que había
dicho de forma repetida en el pasado. No creo que ni ellos se crean
ese relato, pero lo necesitan para el objetivo que buscaban con esa
incriminación: quitarles el acta de diputados y dejarles fuera de
juego. Eso explica, por ejemplo, que la Audiencia Nacional, donde se
juzga sólo a la cúpula policial, no tenga necesidad de recurrir a
la acusación de rebelión. La jueza Lamela afirma categóricamente
en el procesamiento que no hubo la violencia de la rebelión en los
acontecimientos de septiembre y del 1-O.
No
podemos olvidar que Marchena ya había hecho algo parecido cunado fue
ponente de la sentencia sobre los indignados del 15-M que rodearon el
Parlament en protesta por los recortes sociales de Mas. Entonces ya
se asoció la presión ambiental que allí se vivió con la
violencia. La Audiencia Nacional les absolvió. A excepción de
un caso, los magistrados consideraban que no existían pruebas de
participación en los altercados contra aquellos que estaban sentados
en el banquillo. Eso generó mucha indignación en los propios
miembros de la clase política afectada por unos hechos. A mí no se
me olvida que muchos de ellos hicieron lo posible para que los hechos
fueran juzgados en la Audiencia Nacional, y no en los juzgados
Barcelona. Y que les pedían hasta 6 años de prisión.
Lejos
de la socorrida apelación al respeto por las decisiones judiciales,
CIU, PP, PSC y Ciudadanos salieron en tromba a rechazar la absolución
y exigieron al Parlament recurrir el fallo ante el Supremo. Tampoco
se me olvida que ERC se abstuvo e IC-EUiA junto a la CUP se
opusieron. La ofensiva unió, también, a buena parte de las
cabeceras de la prensa madrileña y catalana. Finalmente, Marchena
tumbó la sentencia y consideró que la simple presencia de los
manifestantes en el lugar de los hechos ya era suficiente para
condenarles. No hacía falta que hubieran hecho ningún acto concreto
de violencia. Entonces, esa decisión fue aplaudida por muchos de los
que ahora se indignan cuando el Supremo utiliza un argumento parecido
pero esta vez contra sus compañeros de partido. Y es que mucha gente
de la ex CIU o ERC se creen que los abusos empiezan ahora con la
persecución de los independentistas. Esto viene de lejos. Algunos
llevamos toda la vida luchando contra ellos. También cuando los
protagonizaban sus gobiernos.
Tampoco
se me olvida que cuando llevamos la petición de indulto al Pleno del
Ayuntamiento para que los jóvenes del 15-M no entraran a la cárcel,
CIU se opuso. Todo eso que he vivido no me lleva para nada al
resentimiento. Ni me impide sentir la injusticia que están viviendo
ahora ellos en carne propia. Una injustica es una injusticia. Y hay
que solidarizarse con quien la sufre aunque sea un adversario que no
ha hecho lo propio con los tuyos. De hecho, ahora me siento
emocionalmente muy vinculados tanto a ellos como a sus familiares.
— ¿Cómo
valora que la figura de la acusación popular la ostente un partido
político, el ultraderechista Vox?
— Me
recuerda a cuando fue Falange quien logró sentar al juez Garzón en
el banquillo de acusados por intentar investigar los crímenes del
franquismo. El acusado logró girar la tortilla y sentar al acusador
en el banquillo. Ahora, la presencia de un partido postfranquista,
machista y xenófobo como Vox ejerciendo la acusación con fines
electorales es una imagen que nos vuelve a retorcer el estómago.
Es
indignante que utilice el juicio como su plató televisivo para
hacerse autobombo. Y lo más grave es que el Supremo va de la mano de
los ultras. Si no fuera por Vox, el exconsejero Forn estaría ya en
libertad. Lo de Vox es una de las cosas que les cuesta más entender
en Europa y las defensas lo van a utilizar en su campaña de
internacionalización del conflicto.
— Si
la sentencia es condenatoria, ¿cómo puede afectar a la situación
política y al conflicto territorial?
— Tras
la imagen de centenares de heridos que tan solo querían poner una
papeleta en una urna, creo que entramos en la dimensión desconocida.
Cuando un Estado democrático no confía en resolver los conflictos
con métodos democráticos, se abren todas las cajas de pandora.
Vivimos un estado de excepción encubierto que empezó incluso antes
de allí.
Creo
que todo empieza con la imposición del Estatut del PP contra la
voluntad de los catalanes. Y frente lo que se había pactado en el
Congreso o en el Parlament. Allí es donde se produjo lo que Pérez
Royo caracterizó como una suerte de golpe de Estado. El pacto
constitucional se lo cargaron ellos de forma unilateral. El Tribunal
Constitucional le dio al PP la llave de la Constitución territorial
como si fuera su propiedad privada. Desde entonces, se apropiaron de
la Constitución aquellos que al inicio estuvieron en contra de ella.
El independentismo es una respuesta a todo eso. Con el PP en el
poder, se convierte en Catalunya en la fuerza hegemónica. La
aplicación del 155 del PP, Ciudadanos y PSOE volvió a poner encima
de la mesa que el derecho penal es la auténtica constitución para
Catalunya. Y desde entonces ha sido imposible volver a hacer
política.
Los
poderes del Estado en manos de la derecha están desbocados. En
España ahora mismo no se puede hablar de nada más que de lo que la
derecha considera debe hablarse. Y un PSOE que ha olvidado su
tradición republicana y antifranquista se ve arrastrado a ese marco.
Por el contrario, las fuerzas del cambio no disponemos de suficiente
músculo para desbloquear la situación con una alternativa
democrática. Pueden pasar años hasta que tengamos la oportunidad de
empezar a desmontar todo el andamiaje de excepcionalidad que la
derecha ha levantado para cercar la democracia y el ejercicio del
derecho a la autonomía.
— El
domingo vimos una manifestación multitudinaria en Madrid por la
unidad de España. No fue tan masiva como se esperaba, pero refleja
un ambiente en el Estado de confrontación contra el independentismo.
— Es
evidente que el conflicto ha servido para cerrar filas en España. No
había pasado nada parecido desde épocas muy oscuras. Hay un
retroceso en el espíritu del tiempo, en el ambiente democrático a
raíz de lo de Catalunya, pero también en el resto del Estado. Se
vio cuando se aplicó el 155, se ha visto con los delitos de odio,
con el secuestro de libros, el veto a obras de arte o las condenas a
raperos por sus letras. Hay una regresión que tiene que ver con lo
que está pasando en Catalunya, pero allí se están aplicando
medidas de excepción que luego se desplazan a otros fenómenos. La
concepción que se está imponiendo, por ejemplo con lo de la
sedición, amenaza el derecho de protesta en todo el Estado.
Lo
que está en juego es la democracia en todo el Estado y no sólo en
Catalunya. Contemplada con la gravedad que los hechos se merecen, la
persecución política que estamos viviendo desatan los fantasmas
evocados por la vieja advertencia de Niemöller. Primero les tocó a
unos, luego a los otros, y más adelante a mí, pero ya era tarde.
Ojalá la advertencia llegue también a los que miran hacia otro lado
y piensan que esto es sólo un problema de los independentistas.
No
hay que olvidar que, en España, los regímenes democráticos han
sido breves paréntesis o anomalías. Hay valores de la democracia
que tienen un arraigo débil, sobre todo cuando la cuestión nacional
está en juego. A la derecha le ha costado mucho asumir un marco de
libertades y de pluralidad. Por eso, Gil de Biedma decía que de
todas las historias de la Historia, sin duda la más triste es la de
España. Pues eso.
